Crisis, Ajustes Presupuestarios y el Modelo Local Español (y IV).

Crisis, Ajustes Presupuestarios y el Modelo Local Español (y IV).

El borrador de la reforma del la Ley de Régimen Local, apunta en este sentido, hurtar la autonomía local y la mayoría de las competencias para derivarlo a una privatización de servicios, teniendo como instrumentos a las Diputaciones provinciales. 

Sin embargo, la crisis de las corporaciones locales ha sido y es, sobre todo, una crisis de liquidez, y no una crisis de solvencia. La deuda de las corporaciones locales, a diferencia de la autonómica, no constituye un problema macroeconómico ya que, al tiempo que las comunidades autónomas han multiplicado su deuda en los últimos años aumentando su peso en la deuda pública total, la municipal, salvo excepciones, ha mantenido un comportamiento estable conservando un peso marginal.

Como muestra los siguientes datos, desde el comienzo de la crisis en 2007, la deuda del Estado se incrementó en un 11,1% frente al aumento de las comunidades autónomas del 31,7%. La de los municipios experimentó un ascenso de apenas el 2,1%.

A su vez han sido las corporaciones locales las que en muchos casos has sido las garantes del mantenimiento del Estado de Bienestar, para ello asumieron competencias o funciones, no obligatorias, en muchos casos ante la evidente necesidad de servicios que sufrían a principios de los noventa los municipios españoles. Cada vez se hizo más difícil desde ámbitos estatales o autonómicos de gobierno dar respuestas universales y de calidad a las demandas de una población, más consciente de sus necesidades específicas. Y esto hace que el foco de tensión se trasladara hacia niveles más próximos al ciudadano, asumiendo así los gobiernos y servicios locales una nueva dimensión como distribuidores de bienestar comunitario. Dado que el factor de la proximidad es un elemento clave para mejorar la calidad y la eficacia de los servicios públicos.

Como muestra los siguientes datos referidos a la Comunidad de Madrid, a partir de los datos publicados por el Ministerio de Economía y Hacienda, respecto a las liquidaciones de los presupuestos municipales en la Comunidad de Madrid correspondientes a los ejercicios 2001 a 2009, podemos afirmar lo siguiente:

En el año 2001, el gasto en Promoción y Protección Social que incluye: La promoción de la educación, la protección social, la reinserción social o la atención a la diversidad, de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, ascendía a la cantidad de 394,65 millones de euros y en el año 2009, pese a la crisis, los 892,61 millones de euros. Es decir, desde el año 2001 un aumento 55,8% en el año 2009.

Si comprobamos, también el gasto en Bienes de Interés Social como son: Educación, Salud, Cultura, Vivienda, Saneamiento, Deportes. El gasto en 2001 era de 2.072,27 millones de euros y en el año 2009, pese a la crisis, de 3.517,40 millones de euros. Es decir, desde el año 2001 un aumento del 41,1% en el año 2009.

Estos datos evidencian la importancia que han tenido y tienen los municipios, pese a la crisis, en el mantenimiento de la prestación de servicios básicos, demandados por los ciudadanos, demostrando así su compromiso en cubrir unas necesidades muchas veces no son atendidas de manera eficiente por el Estado o la Comunidad Autónoma.

Por tanto, me parece imprescindible el papel de los municipios madrileños en estos momentos de incertidumbre, donde hay más necesidades sociales que nunca y los recursos son mucho más limitados.

Para poder mantener este papel fundamental de las corporaciones locales y hacer frente a esta situación de falta de recursos, se deberían de poner en marcha las siguientes medidas:

En primer lugar se hace necesaria, una segunda descentralización de nuestro modelo de Estado. En este marco, las comunidades autónomas deberían transferir una parte de sus competencias a los municipios garantizando siempre su financiación, una medida perfectamente factible después de que las comunidades autónomas hayan percibido un incremento de recursos por parte del Estado con motivo de la última reforma de financiación autonómica. Este nuevo Pacto Local deberá contar con la colaboración y el compromiso de las administraciones estatal, autonómico y local y con la responsabilidad político-administrativa subsidiaria de las administraciones estatal y autonómica.

Además debe de ir acompañado de políticas de austeridad y de control de gastos limitando en primer lugar, el número de altos cargos y confianza, en este sentido, se debería establecer un tope en los sueldos en función de factores como el tamaño, PIB y renta per capita del Municipio.

Permitir y promover una participación activa de los vecinos en la gestión, información y control de los presupuestos públicos municipales y, por último, obligar a una mayor fiscalización de las cuentas públicas locales por parte de los organismos públicos correspondientes.

Revisar y renegociar todos los contratos y pliegos de condiciones vigentes de las empresas proveedoras de servicios para evitar el carácter abusivo que, en muchos de ellos, se han estado dando. En ocasiones, las grandes empresas han aprovechado la situación de morosidad y los problemas económicos de las corporaciones locales para modificar de forma unilateral a su favor los contratos, con la administración.

Y por último Iniciativas para la regeneración democrática de la política local. En los últimos años venimos asistiendo a un fenómeno preocupante para la democracia: la aparición de numerosos casos de corrupción política en diferentes corporaciones locales del Estado. Esta situación hace peligrar la vida democrática y la política local de nuestros municipios, alejando a los trabajadores y trabajadoras de la participación pública y política en la sociedad. Es necesario, por tanto, un cambio radical en el comportamiento ético de los gestores públicos y la aplicación de una política de tolerancia cero con los corruptos implementando varias medidas, entre otras, la obligación de presentar una declaración pública de ingresos y de patrimonio de los alcaldes, concejales y cargos de confianza en la toma de posesión del cargo y a la finalización del mismo.

 Manuel Llorente Palomares