Corrupción y servicios públicos (5)

3.2  Gobierno local

La externalización se está introduciendo a gran escala, lo que estimula una mayor corrupción. Los gobiernos locales han externalizado muchas de sus funciones de modo bastante general. Esto incluye recogida de residuos, donde los contratos han sido objeto de corrupción sistemática de largo alcance en gran número de países, incluyendo Italia y los Estados Unidos.

Por ejemplo, el Estado de Malawi introdujo la denominada “nueva gestión pública” asesorado por instituciones internacionales, en la creencia de que ello impulsaría la rendición de cuentas, la transparencia, y el buen gobierno. En la práctica ha creado un campo abonado para la corrupción en el nivel del gobierno local, como consecuencia de una mayor externalización, desconcentración, pago de servicios, “colaboración público-privada” (public-private partnerships –PPPs-), y discrecionalidad en el gasto sin rendición de cuentas. Los contratos públicos fueron adjudicados a los altos funcionarios y concejales y a sus parientes y amigos, incluso si el servicio no era necesario. Los ediles emplearon la descentralización como excusa para retribuirse a si mismos por los mayores gastos, o sencillamente para la malversación de fondos. Los pagos por servicios fueron considerados como ingresos personales, a modo de sobornos, y se usaron como pretexto para presionar por tales sobornos. Las fórmulas de “colaboración público-privada”  se configuraron como redes a partir de las cuales facilitar información privilegiada sobre los contratos.

Los gobiernos locales son también vulnerables a la corrupción por las empresas multinacionales. La mayor empresa multinacional de EEUU en el comercio minorista está procesada en varios casos y son muchas las investigaciones sobre corrupción del gobierno local y sus funcionarios para conseguir ventajas comerciales. De acuerdo con el New York Times:

“Wal-Mart de México había orquestado una campaña de soborno para controlar el Mercado. En su carrera por construir almacenes la compañía había pagado sobornos para conseguir licencias en prácticamente cada esquina del país ” [1]

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[1] Sanidad

La influencia de las empresas farmaceúticas sobre el proceso político es perceptible a nivel global y nacional. Ello tiene un impacto directo sobre los servicios de salud. El efecto es desviar grandes sumas de dinero desde los presupuestos públicos de sanidad, y quebrar el proceso democrático de toma de decisiones.

A nivel general, la multinacional GSK convenció a la Organización  Mundial de la Salud para declarar que la gripe aviar había alcanzado el nivel de pandemia –incluso cuando las propias reglas de la OMS no lo justificaban- y recomendar el uso de la vacuna Tamiflu como la mejor forma de prevención. Ello llevó a muchos países a comprar enormes cantidades de la vacuna, fabricada únicamente por GSK. En algunos casos se gastó del 1% al 3% de sus presupuestos nacionales de salud para comprar la vacuna. La OMS había sido asesorada por personalidades con conexiones e intereses económicos con GSK.

“Esto lo arreglaba yo…”, por Manolo Gamella

Esto lo arreglaba yo…

Uno de los subproductos más notables de la actual crisis económica es el aumento del descrédito de los políticos, y del rechazo a sus abusos, corrupciones y corruptelas, que no son de ahora, pero que es ahora que vienen tan mal dadas cuando más indignan. Por desgracia estas indignaciones no suponen per se ninguna garantía de lucidez y, con demasiada frecuencia conducen a aquello tan castizo de "esto lo arreglaba yo..."

Sin ser exhaustivo ahí van algunos ejemplos de ideas que se oyen por aquí o por allá, y que resultan por lo menos discutibles:

• Representantes más cercanos. Ahora son por provincias a escala general, y por provincias o zonas a escala autonómica, pero a los más partidarios les parece poco y quisieran mayor cercanía: por barrios en los pueblos, por comarcas o, puestos a arreglarlo del todo, por distritos de un solo representante (como los anglosajones) para elegir bien "al nuestro". Con estos sistemas es difícil evitar que opciones relativamente mayoritarias obtengan representaciones aún más desproporcionadas que las que ya ahora sufrimos, habría distritos en los que, por su composición social, el resultado sería prácticamente fijo, y se potenciaría la defensa de intereses locales particulares frente a los de política general. Además se estimularía a los gobiernos a manipular el diseño de los distritos para optimizar sus resultados (en los países anglosajones esto es tan habitual que tiene un nombre: gerrymandering). Para representar legítimamente los intereses locales es mucho más eficaz una clara división de competencias entre los organismos representantes de los territorios (como podría ser el senado) y los de todos los ciudadanos.

Corrupción y servicios públicos (4)

3          Privatización

La privatización, en todas sus formas, proporciona grandes incentivos y oportunidades para la corrupción y la captura del Estado.

• La venta de las empresas públicas es una oportunidad para obtener grandes beneficios en una sola operación, por ello los inversores tienen un incentivo para pagar sobornos e incrementar sus oportunidades de adquirirlas, y por un precio menor.
• Una concesión a largo plazo de una empresa de agua, o un acuerdo de compra de una empresa eléctrica, o un partenariado público-privado, son también una gran oportunidad para conseguir un flujo de ingresos con respaldo en el Estado por un periodo de 25 ó 30 años, lo que genera claros incentivos al pago de sobornos.
• En todas las formas de externalización, ya sea recogida de residuos, construcción, limpieza de edificios, o servicios médicos, los contratistas pueden pagar sobornos o formar cárteles, o las dos cosas al mismo tiempo, para hacer negocios rentables.

Sobornos o donaciones políticas forman la moneda con la que se obtienen estos beneficios, como (hablando de los EEUU) señala el premio Nobel Paul Krugman: “Cuantas más funciones gubernamentales se privatizan, más se convierten los Estados en paraísos del “pay-to-play” (pagar para operar), en los cuales los pagos y los contratos para amigos y parientes se convierten en un “quid pro quo” para conseguir negocios con los gobiernos…un nexo corrupto de corrupción y patronazgo está minando a lo público en todo nuestro país”.

El autor de un libro de reciente aparición en los EEUU defiende que la liberalización está jugando un papel similar en Europa, donde las políticas de la UE de extensión del mercado interno han creado más oportunidades e incentivos: “Lo que ha hecho la UE ha sido autorizar la corrupción por medio de sus políticas de incremento de la competencia económica dentro del mercado único, incluyendo la introducción de la competencia en el sector de los servicios públicos”.

Los vínculos entre privatización y corrupción existen en un amplio campo de diferentes servicios públicos, en varios países.

3.1         En el Gobierno Central

La privatización por externalización se ha extendido en el nivel central de gobierno en el conjunto de los países, agravando el problema de la corrupción. La dimensión de muchos contratos licitados por el gobierno central, especialmente en el ámbito de la defensa y de las infraestructuras, genera importante incentivos a las empresas para llevar a cabo actuaciones corruptas de cara a conseguir los contratos.

Corrupción y servicios públicos (3)

2.      Privatización y captura del Estado.

La ‘gran corrupción’  de las élites políticas y de los negocios supone una significativa amenaza para la democracia y el desarrollo sostenible. Implica el pago de sobornos para conseguir contratos e influencia política. Son tres factores clave los que la distinguen de la ‘pequeña corrupción’:

• Implica la existencia tanto de redes sistemáticas como de sobornos individuales.
• La privatización, incluyendo la externalización, forma parte nuclear de las relaciones política-negocios.
• Las compañías multinacionales, con sede en los países ricos supuestamente “limpios”, juegan un enorme y extenso papel en el proceso de la corrupción.

2.1.   Privatización y captura del Estado

El concepto ‘captura del Estado’ fue introducido por dos investigadores del Banco Mundial para describir la situación existente en algunos de los países de la antigua órbita soviética en Europa del Este. Encontraron que las empresas estaban adoptando deliberadamente estrategias en red para influir en políticos y funcionarios con vistas a promover cambios legislativos en su propio beneficio, consiguiéndolo en parte a través de sobornos.

Un ejemplo de esta clase de redes fue desarrollado en Italia en la década de los 90. Políticos de varios partidos, por un lado, y grupos de empresas, por otro, se pusieron de acuerdo en permitir a las empresas repartirse los contratos públicos entre ellas y decidir los precios. Las empresas acordaron poner suficiente dinero para dejar satisfechos a los políticos y que el dinero se repartiera entre todos los partidos implicados. Se utilizaron intermediarios para el lavado del dinero y mantener los pagos en la oscuridad. En el sistema era en su totalidad un modo de ganar y compartir dinero y poder, a costa de la democracia, de la transparencia, y de la rendición de cuentas.

Gráfico A.- Redes de intercambios corruptos
Fuente: Della Porta Vanucci (1999), p.22

Hay pruebas de sistemas similares en otros países. En Irlanda, una investigación encontró que Charles Haughey, primer ministro entre 1979 y 1992, había “devaluado la calidad de una democracia moderna” aceptando cerca de 11 millones de euros en efectivo de potentados hombres de negocios durante un periodo de 17 años, ocultándolo en una red de cuentas ubicadas en paraísos fiscales. Este tipo de redes existen igualmente en gran número de países en desarrollo, incluyendo Nigeria, donde los gobiernos han desarrollado relaciones corruptas tanto con empresarios locales –favorecidos por los procesos de privatización- como multinacionales, tales como las empresas petroleras y eléctricas.

Corrupción y servicios públicos (2)

1. ‘Pequeña corrupción’: sobornos por servicios.

Un tipo de corrupción consiste en la expectativa de obtener una cantidad de dinero a cambio de prestar el servicio a que se está obligado por razón del empleo público que se desempeña. El empleado público hace uso de su posición para conseguir un ingreso extra, a costa de los ciudadanos o del propio servicio. Ejemplos típicos de esto son los pagos de dinero para adelantar la obtención de la prestación sobre el orden establecido, o el pago a los agentes de aduanas para la introducción de bienes de contrabando sin el abono de los areanceles.

Esto es descrito a veces como ‘pequeña corrupción’, en contraposición con la ‘gran corrupción’ del fraude a gran escala de políticos y empresarios. La pequeña corrupción daña muy seriamente a los servicios públicos. Los ciudadanos son engañados. Quiebra el principio de justicia e igualdad de trato. Debilita la integridad de los servidores públicos. Aquellos que más necesitan los servicios públicos se encuentran en la necesidad de pagar como si el servicio fuera de prestación y beneficio privado. Lo que debería ser un servicio público se convierte en una simple transacción comercial. También desanima a los ciudadanos a enfrentarse a la ‘gran corrupción’. En consecuencia, debe ser erradicada.

El retrato mejor conocido de la corrupción es el ranking editado por Transparency International que clasifica a los países “de acuerdo con sus niveles de percepción de la corrupción en el sector público”. Los países en desarrollo son los que persistentemente aparecen como aquellos con los niveles más altos de corrupción, en tanto que los de la OCDE serían los menos corruptos. El problema de la corrupción se presenta del mismo modo como una cuestión específica del tercer mundo, y en concreto de los empleados públicos corruptos. A menudo bastante incorrectamente se atribuye a la cultura de estos países ser mucho más tolerantes con la corrupción que las culturas de los países de la OCDE.

El ranking –y el análisis- de Transparency International son sin embargo insatisfactorios. Este índice no se basa en experiencias reales o casos documentados de corrupción, sino en las percepciones de las personas que participan en los informes. Los participantes en los informes se componen casi por completo de ejecutivos de empresa, consultores, o ‘expertos’ inespecíficos, muchos de los cuales son extranjeros, y empresarios, algunos de los cuales podrían incluso haber pagado sobornos ellos mismos o formar parte de redes corruptas. La percepción de los ejecutivos de negocios globales no parece el indicador de más confianza acerca de la cultura de la gente de la calle.

Corrupción y servicios públicos (1)

Iniciamos con este “post” una serie de entregas que componen un texto completo correspondiente al interesante informe sobre la corrupción (muy de actualidad en nuestro país a la vista de los últimos acontecimientos) redactado en Noviembre de 2012 para la PSIRU, unidad de investigación sobre privatizaciones dependiente de la Internacional sindical de servicios públicos, por David Hall, consultor con una amplísima y dilatada trayectoria de trabajo en esta materia al servicio del sindicalismo internacional. Esperamos que sea de vuestro interés y anime a una reflexión más profunda sobre un problema de tan extraordinaria magnitud.

Introducción y sumario.

La corrupción es mucho más que una cuestión moral. Hace más débiles los servicios públicos y la democracia. Cuando los ciudadanos deben hacer frente a sobornos para acceder a la sanidad pública o a unos servicios de seguridad pública no arbitrarios, o los contratos públicos se conceden a quienes pagan comisiones por ellos, se está amenazando a toda la sociedad en su conjunto. La corrupción despilfarra el dinero público poniéndolo en manos de servidores públicos, empresarios, o intermediarios, corruptos. Pervierte las decisiones en las políticas públicas, que van a orientarse a satisfacer los intereses de la élite rica y poderosa frente al interés general. Sustrae la riqueza de los países y la resitúa en los paraísos fiscales para beneficio de intereses particulares.

Una parte de la problemática asociada a la corrupción se refiere a la extensión en la que individualmente los empleados públicos exigen comisiones de los ciudadanos para suministrar los servicios que legalmente están obligados a prestar. Es esta un área que cualquier acción contra la corrupción debe abordar a fin de su erradicación mediante la puesta en práctica de políticas, incluidas las salariales, que minimicen las tentaciones de corrupción y maximicen los incentivos a las conductas éticas. 

Los problemas más profundos están en cualquier caso ligados fundamentalmente a las redes corruptas de altos funcionarios, políticos y empresarios de los propios países y también extranjeros. Los contratos del Estado y las privatizaciones están en el corazón de la actuación de estas redes. Las políticas que favorecen la privatización también crean las condiciones que hacen más viable y fácil la corrupción.

La corrupción es a menudo tratada como si fuera un problema sólo de los países menos desarrollados. Se les acusa de tener la culpa ellos mismos de la corrupción por tener culturas “pobres” que toleran la corrupción. Sin embargo, esto es totalmente contrario a la evidencia empírica que muestra que una arrasadora mayoría de la gente en todos los países, incluidos los más pobres, es fuertemente contraria a todo tipo de prácticas corruptas.

Responsabilidad asociada al conflicto sanitario madrileño, por Lorenzo Fernández Fau.

Responsabilidad asociada al conflicto sanitario madrileño

La toma de decisiones políticas en la gestión pública exige que estas sean aplicadas una vez que hayan sido rigurosamente evaluados los riesgos y beneficios que su implementación puede entrañar; sobre todo, cuando afectan a la ciudadanía en su conjunto y a cuestiones tan relevantes como la salud de la población.

Como consecuencia de recientes acontecimientos que han causado hondo impacto socioeconómico, con repercusión internacional global, se viene asociando en el pensamiento intelectual, científico y jurídico, la responsabilidad judicial en que pueden incurrir los sujetos, o entidades, que llevan a cabo actuaciones que repercuten peyorativamente en el bien común, sean estas tanto de dominio exclusivamente privado como las que se efectúan en el ámbito, y con el erario, de lo público.

En ese sentido, el término anglosajón “accountability” viene a expresar, entre otras cosas, la responsabilidad en la que incurren aquellos que tienen poder sobre las vidas de las personas. Se trata, en definitiva, de rendir cuentas por las decisiones y acciones de la gestión pública. Existe amplia bibliografía tanto internacional como nacional acerca de este asunto. Al mismo tiempo, en la literatura médica se ha asociado el principio de accountability al de primun non nocere.