Crisis, Ajustes Presupuestarios y el Modelo Local Español (I).

La profunda crisis que vivimos está provocando situaciones de grave dificultad en la práctica totalidad de los espacios de la vida política, económica y social de nuestro país. En paralelo, insistentemente, desde la derecha política, económica y mediática se recurre al cuestionamiento del modelo de Estado descentralizado como uno de los chivos expiatorios para hurtar a la sociedad el debate de fondo sobre sus verdaderas causas. La necesidad de atender con rigor a esta temática, en relación con el impacto conjunto de un objetivo intencionado de desmantelamiento y las medidas mal llamadas de austeridad, lleva a insertar en ARGUMENTOS esta serie de entradas en las que el autor dibuja con precisión las señas de identidad que explican el contexto y las perspectivas en las que se desenvuelve el presente y se proyecta el futuro del gobierno local y los Ayuntamientos. Sin duda, con ello el lector va a disponer de una mejor y más completa opinión sobre esta fundamental materia.

Crisis, Ajustes Presupuestarios y el Modelo Local Español (I).

Los efectos de la crisis económica en los ámbitos descentralizados del Estado Español – comunidades autónomas y corporaciones locales – se derivan de las circunstancias económicas y políticas que, con carácter general, actúan a nivel estatal. Los datos, análisis y conclusiones que expondré a continuación revelan, sin embargo, algunas especificidades que diferencian el impacto de la crisis en estos ámbitos territoriales con respecto al estatal. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde las recetas del modelo neoliberal se vienen aplicando desde antes de la crisis, aunque con la llegada de esta se han radicalizado y han tenido trascendentales consecuencias sobre sus municipios.

Comenzamos nuestro recorrido con una primera consideración: quienes están cargando con las consecuencias de la crisis no son las rentas del capital y el poder financiero que la provocaron, sino las rentas del trabajo. De sus efectos sobre las comunidades autónomas y las corporaciones locales extraeremos que la crisis afecta a los servicios esenciales, es decir, al salario diferido de esas mismas rentas y, lo que es más grave, a los propios derechos de ciudadanía y, en última instancia, a la perversión del funcionamiento de la democracia.

A lo largo de este texto intentaré desgranar y explicar las causas de la extraordinaria crisis presupuestaria de las administraciones descentralizadas, que comenzó con una particular gestión de los ingresos y los gastos en el período de bonanza (2000-2007) y evolucionó en el periodo de crisis (2008-2012). Finalmente, aportaré algunas ideas sobre cómo actuar, señalando algunos márgenes que, a mi juicio, aún no se han explorado.

Deuda y Déficit

El modelo neoliberal o monetarista se asienta en la teoría del laissez faire que se fue extendiendo desde el principio de los 70 por todos los países del mundo que, hasta ese momento, habían adoptado en su mayoría un modelo económico basado en los postulados keynesianos de intervencionismo del Estado en la economía del país.

Laissez faire en materia económica incluye al libre mercado, al libre comercio, la libre producción y la imposición de bajos o nulos impuestos. Mínima o nula intervención del Estado en materia económica, incluyendo el mercado laboral.

Los economistas de esta corriente ideológica utilizan la teoría de la curva de Laffer para respaldar sus postulados. Muy resumidamente, esta teoría sostiene que un nivel excesivo de presión fiscal directa provoca una caída de la recaudación porque las personas y las empresas pierden su interés en producir en tanto en cuanto deben destinar una parte de su salario o beneficios a pagar impuestos. Sin embargo, si la presión fiscal directa es baja, esas mismas personas y empresas dispondrán de más recursos monetarios e incrementarán su consumo, aumentando así la recaudación fiscal indirecta. En la actualidad, esta teoría ha sido asumida por todos los partidos conservadores y, en gran medida, por las formaciones socialdemócratas. El propio presidente Zapatero llegó a afirmar que “bajar impuestos era de izquierdas”.

La aplicación en España de estas políticas en materia de impuestos durante los últimos quince años por parte de todas las administraciones, ha hecho que, con el inicio de la crisis financiera internacional y el posterior hundimiento del sector inmobiliario, éstas hayan visto seriamente mermadas sus fuentes de ingresos.

Durante los años de crecimiento económico, la rebaja o la desaparición de ingresos por imposición directa – IRPF, Patrimonio, Sociedades, Sucesiones y Donaciones – más el impulso de algunos vehículos de inversión con una mínima presión fiscal para el capital, como es el caso de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), hicieron que la principal fuente de recaudación de las administraciones públicas fuera, además de los ingresos provenientes de las rentas del trabajo, los productos de la imposición indirecta que gravan el consumo, como el IVA, los impuestos especiales (alcohol, tabaco, combustibles...) o los vinculados al sector inmobiliario, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto de Plusvalía.

Con el estallido de la crisis se produce el derrumbe del sector inmobiliario y, por tanto, del consumo,  determinado que la recaudación cayera exponencialmente y se pasara del superávit de los tiempos de bonanza a un espectacular aumento del déficit, lo que obligó a las administraciones a recurrir al endeudamiento para garantizar la estabilidad presupuestaria. La falta de ingresos que cubrieran los gastos contraídos dio lugar, por tanto, a un déficit que incrementó la deuda pública, sometida, además, a voraces intereses.  

Las actuaciones básicas para luchar contra el déficit presupuestario consisten en incrementar los ingresos, en reducir los gastos o, preferiblemente, en una conjugación de ambas medidas.

Desde que la Unión Europea exigió a España pasar de un déficit del 11,2% en 2009 a un déficit del 3% en 2013, la lucha se ha centrado sobre todo en la parte de la reducción del gasto, reduciendo con ello las prestaciones del Estado de Bienestar a través de la congelación de las pensiones, reducciones presupuestarias en  educación  sanidad y servicios sociales,  paralización de la inversión pública, reducción de los salarios de los empleados públicos, etc.

Pero antes de continuar, quiero aclarar que el problema central no radica en el déficit ni en la deuda, sino en el desempleo, ya que las políticas dirigidas a combatir el déficit y endeudamiento sólo ajustando el gasto han incrementado más aún el desempleo y han provocado una pérdida de recursos en los servicios públicos esenciales como la educación, sanidad o servicios sociales.  Y  coincidiendo  con las palabras del  Nóbel Paul  Krugman cuando se refiere a que “en Europa los fanáticos del dolor que están al mando de la Política Monetaria de Europa, se equivocan cuando afirman que sólo el equilibrio presupuestario y la austeridad  es la respuesta a todos los problemas. Dado que sólo recortando  el gasto no se va a crear puestos de trabajo”.

Y aunque, en efecto, sea necesario combatir el déficit público del Estado Español, tanto la administración estatal como la autonómica en el caso de  Madrid tienen un amplio margen para actuar sobre los ingresos impulsando una reforma fiscal y promoviendo una batalla contra el fraude que nos equipare, al menos, a los indicadores de la Unión Europea: nuestra presión fiscal está 10 puntos por debajo de la media europea. El fraude, por el contrario, se sitúa 10 puntos por encima.

Manuel Llorente Palomares