Crisis, Ajustes
Presupuestarios y el Modelo Local Español (II).
En el periodo 2000-2007 los
presupuestos regionales de Madrid se caracterizaron por un carácter expansivo
basado en un crecimiento medio del 9%. Este espectacular incremento se explica
porque la economía madrileña estaba ligada a la construcción y a los servicios
–juntos aportaban el 86,7% del PIB regional–, dos sectores que incentivan
fuertemente la demanda interna y, en consecuencia, la recaudación de impuestos
indirectos. Sin embargo, tal dependencia de sectores con poca o nula
productividad ha dado lugar a un sistema económico especulativo e improductivo
que ha sufrido con especial virulencia los efectos de la crisis económica y
laboral. Cabe señalar, además, que el mencionado crecimiento se produjo a costa
del debilitamiento del sector industrial, que en el mismo periodo creció de
manera sistemática por debajo del ritmo de la producción estatal, representando
el 10,5% del Valor Agregado Bruto (VAB) autonómico, frente al 14,5% del
conjunto del Estado o el 21% del País Vasco.
En la etapa expansiva de la
economía española, la Comunidad de Madrid presentaba unas características
propias que configuraron un modelo de crecimiento “precario” que situó la
expansión madrileña por debajo de la media nacional y provocó un
“empobrecimiento” de los madrileños, que vieron caer su renta bruta en términos
relativos a pesar de que, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística
(INE), habían vivido una época de bonanza económica. El PIB por habitante en el
periodo 2003-2010 creció en la Comunidad de Madrid un 21,9%, lejos del 36,1%
del País Vasco y por debajo del 24% de media estatal. Esta tendencia ha hecho
perder a la Comunidad de Madrid el segundo lugar en el ranking de PIB
per cápita o riqueza por habitante, a favor de la Comunidad Foral de Navarra.
Desde el comienzo de la crisis,
los ingresos de la Comunidad de Madrid, excluyendo los financieros que
provienen del endeudamiento, han ido disminuyendo de manera alarmante. La
recaudación de los impuestos ha menguado de manera acelerada en los
presupuestos autonómicos: si en el año 2003 representaba el 85,10% de la
recaudación, la estimación del año 2011 la sitúa en un 52,15%. La
reducción del peso recaudatorio es, por tanto, del 33% en ocho años.
La política fiscal del Gobierno
regional se ha caracterizado desde la primera legislatura por el impulso de
regalos fiscales para unos pocos acompañado de una caída constante de la imposición
directa (tramo autonómico del IRPF, Impuesto de Sucesiones y Donaciones,
ITP...), al tiempo que la imposición indirecta aumentaba al abrigo del boom
inmobiliario y del consumo. Los ingresos vinculados al sector inmobiliario (ITP
y AJD) y al consumo (IVA) crecían una media del 15,8% anual y compensaban de
sobra la desfiscalización que se estaba produciendo en la Comunidad de Madrid.
En los años de “bonanza inmobiliaria”, por tanto, los ingresos extraordinarios
no se aprovecharon para promover inversiones públicas necesarias, sino que se
derivaron a sufragar los regalos fiscales.
La política fiscal del Gobierno
regional se ha caracterizado por el impulso de regalos fiscales para unos pocos
acompañado de una caída constante de la imposición directa, al tiempo que la imposición indirecta
aumentaba al abrigo del boom inmobiliario y del consumo. Los ingresos
vinculados al sector inmobiliario y al consumo
crecían una media del 15,8% anual y compensaban la desfiscalización que
se estaba produciendo. El Gobierno regional madrileño hace gala de haber
“regalado” 18.500 millones de euros en sus ocho años de gestión. Sin embargo,
esta política de regalos fiscales, solo
ha beneficiado apenas al 10% de los 3,3 millones de contribuyentes. Estas medidas fiscales dejan
prácticamente libre de tributación a las grandes fortunas de la Comunidad de
Madrid, incumpliendo así el artículo 31.1 de la Constitución española
La otra fuente de pérdida
de ingresos públicos proviene del fraude fiscal que afecta a todo el Estado
rompiendo el principio básico de igualdad ante la ley. En la estructura
recaudatoria española se hace cada vez más evidente que la carga tributaria
solo pesa sobre los asalariados, a través del IRPF. El impuesto de sociedades
ha sido dinamitado por los sucesivos gobiernos centrales a través de
desgravaciones y deducciones, perdiendo en 4 años un 63% de aportación a las
arcas del Estado. Según la Agencia Tributaria, en el año 2011 los trabajadores,
pensionistas y jubilados declararon en concepto de IRPF una media de 19.300
euros, mientras que profesionales o pequeños empresarios han declarado 8.700
euros.
La verdadera clave del
fraude proviene, sin embargo, de las grandes fortunas, defendidas y asesoradas
por bufetes de abogados especializados en ingeniería financiera. Se estima que
estas grandes fortunas dejaron de declarar 42.000 millones de euros
Por otro lado, según un
informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) realizado en mayo de 2011, la economía sumergida mueve
unos 245.000 millones de euros, el 23% del PIB, una cantidad que produciría
unos ingresos de unos 38.000 millones de euros.
Manuel
Llorente Palomares
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