CONSTITUCIÓN,
PODER CONSTITUYENTE, DEMOCRACIA (A PROPÓSITO DEL 25-S)
Como hoy es 25 de
septiembre (25-S), una fecha en la que se ha invertido mucho más espacio
mediático que en la manifestación del 15-S convocada por la Cumbre Social y los
sindicatos de clase, puede ser importante aprovechar para discutir sobre una
tendencia que se parecía de forma muy recurrente en un sector de los “espacios
organizativos” plurales que convergen en una movilización social frente al
proyecto neoliberal.
Ha sido Agustín Moreno, en uno de sus siempre
sugerentes correos generales, quien me ha suministrado una dirección en la web
en la que he podido ver a Teresa
Forcadas, una monja de la orden de San Benito, médico y
teóloga, que consiguió un cierto espacio en los medios por su denuncia de la
vacuna contra la gripe A, y que últimamente fue también noticia por proponer la
convocatoria de una huelga general indefinida contra un gobierno que legisla no
a favor del pueblo sino para favorecer a una minoría. Forcadasexplica en el video de forma
muy sencilla el objetivo perseguido por los primeros convocantes del 25-S. La
idea era la de convocar una manifestación masiva para ocupar el Parlamento –
las Cortes – hasta que éste se disuelva. Sabemos que este primer significado ha
sido muy debatido en el seno del movimiento del 15-M por considerarlo arriesgado,
provocador y contraproducente, y que la convocatoria de hoy tiene un sesgo
diferente, pero lo importante es el sentido general que esta iniciativa tiene,
como resalta la religiosa: abrir un período constituyente para renegociar el
pacto social en España.
De una forma
diferente, pero compartiendo ese mismo objetivo, el 21 de septiembre se publicó
en el digital de Público un artículo firmado por Antonio Romero, Alberto Garzón y Nico Sguiglia,
que llevaba por título “Por un nuevo proyecto de país. Apuntes para avanzar
hacia un Nuevo Proceso Constituyente”. La afirmación del comienzo era rotunda y
clara: “A pesar del esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras
españoles que lucharon por institucionalizar sus conquistas sociales, a día de
hoy nuestra Constitución es papel mojado”. Son las oligarquías financieras y el
neoliberalismo quienes impulsan un contraproceso constituyente para acabar con
el Estado de Bienestar, pero lo importante es que pueden hacerlo porque los
derechos constitucionalmente garantizados no están vigentes, son solo “papel
mojado”.
Sobre la base de ese
diagnóstico, los autores piden una convocatoria de un nuevo proceso
constituyente que delimite un nuevo modelo de democracia y una nueva
constitución sobre algunos ejes muy concretos, mas fijados sobre la estructura
del estado y de la administración que sobre el tema de los derechos, aunque en
materia de relaciones laborales, la propuesta está definida: “Las relaciones
laborales deben ser repensadas de acuerdo con las características del nefasto
modelo productivo español. La nueva carta constitucional debe tener presente la
necesidad ante todo de proteger y garantizar la reproducción de la vida de
nuestras sociedades, garantizando el acceso al trabajo digno, a una renta
básica de ciudadanía, a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda y
a una Internet libre y neutral como derechos fundamentales y absolutamente
prioritarios. La puesta en marcha de un nuevo modelo productivo capaz de
activar las capacidades productivas de nuestra sociedad y de generar empleo en
condiciones de dignidad es absolutamente prioritario. Sin embargo, no puede
quedar subordinado el derecho y las garantías de una vida digna a la posesión
de una relación laboral formal, cuando las elites financieras y gobiernos
afines convierten el paro y las relaciones laborales precarias e informales en
una tumba de la dignidad humana.”
Prescindiendo de la
ausencia de derechos colectivos como sindicación, negociación colectiva y
huelga en este “repensamiento” del marco de relaciones laborales, esta
propuesta insiste, como también era el objetivo primigenio de la convocatoria
del 25-S, en la apertura de un período constituyente ante el agotamiento real
de la “democracia de baja intensidad” en la que nos movemos.
Ambas iniciativas sin
embargo enfocan como centro de la movilización objetivos secundarios. Lo es el
Parlamento, cuando precisamente se ha señalado como característica de esta
crisis la irrelevancia de este órgano en la producción de las reglas y de las
normas de la crisis, que se generan en el gobierno exclusivamente –el gobierno
legislador por vía de urgente necesidad es el único poder legislativo real
desde 2010 hasta hoy – y que ni siquiera se presenta como un lugar de debate
ideológico, ante la conversión de los procedimientos de elaboración de las
normas en un proceso urgente, cerrado a la discusión y opaco a la ciudadanía,
en donde la mayoría absoluta del Partido Popular, con el beneplácito
intermitente de Convergencia i Unió, traspone mecánicamente las decisiones
adoptadas por un gobierno que goza, como presume su presidente, de “estabilidad
política plena”.
Considerar la
constitución y su sistema de derechos y garantías “papel mojado” es además
equivocado, porque justamente la estrategia del movimiento sindical y de tantos
millares de ciudadanos que se llevan movilizando desde comienzos de este año –
y antes, a partir de mayo de 2010 – es la de revalorizar la constitución y los
derechos sociales como posiciones de resistencia frente a la agresión neoliberal,
como elementos político – democráticos vigentes que deben hacerse respetar y
que deslegitiman la acción política de gobierno que, justamente, se califica de
inconstitucional. De esta manera, si la constitución y su sistema de derechos
es irrelevante, no hay cuestionamiento de la validez – no sólo de la
legitimidad – de la acción del gobierno, que no sólo es incorrecta política y
económicamente, sino que no es válida jurídicamente y es inaceptable en
términos del constitucionalismo democrático.
Pero además, centrarse
en la dimensión nacional como elemento decisivo de los procesos organizativos
de la resistencia colectiva, es insuficiente. Ignorar la dimensión europea del
problema político actual es reducir en una gran medida nuestras capacidades de observación
y de crítica. El problema no es que España abandone el euro – de nuevo una
perspectiva nacional – sino si es posible que el sistema monetario unificado y
el mercado común sean compatibles con la idea democrática en el ámbito de la Unión Europea. Es
decir, que resulta cada vez más decisivo que en el espacio político de la
izquierda se aborde de forma prioritaria el tema de la Europa política y
democrática – que recientemente están volviendo a proponer Habermas y Balibar - que haga
suya la idea de la ciudadanía europea no como un elemento retórico sino como
una categoría política construida como un espacio de conflicto, y que se mueva
alrededor de una idea de democracia no sólo representativa, sino también
participativa y conflictual.
La reflexión sobre la Constitución tiene
que proyectarse en un debate sobre la constitución de mercado que está vigente
en Europa y su necesaria transformación en una constitución política y
democrática. Este es el terreno de la reflexión de la izquierda que paradójicamente
puede producir más conclusiones verdaderamente efectivas en el plano político
interno. Los sindicatos parecen haberlo comprendido, puesto que conocen que
solo un reforzamiento - en muchas ocasiones la creación ex nihilo - de los
mecanismos democráticos en el espacio europeo permite la generación con fuerza
de un espacio social que se imponga a un orden económico cada vez más injusto y
desigual. Es decir, que hay que resolver la contradicción entre un espacio
normativo neoliberal expansivo y un sistema de derechos sociales garantizados
constitucionalmente en los ordenamientos nacionales en el lugar donde la
contradicción es más aguda, impulsando una verdadera “refundación” en Europa de
la democracia social que sus textos y declaraciones de derechos reconocen como
un elemento cultural, no materializable en el espacio europeo.
Fuente: http://baylos.blogspot.com.es/
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