Responsabilidad
asociada al conflicto sanitario madrileño
La toma de decisiones políticas en la gestión pública exige
que estas sean aplicadas una vez que hayan sido rigurosamente evaluados los
riesgos y beneficios que su implementación puede entrañar; sobre todo, cuando
afectan a la ciudadanía en su conjunto y a cuestiones tan relevantes como la
salud de la población.
Como consecuencia de recientes acontecimientos que han
causado hondo impacto socioeconómico, con repercusión internacional global, se
viene asociando en el pensamiento intelectual, científico y jurídico, la
responsabilidad judicial en que pueden incurrir los sujetos, o entidades, que
llevan a cabo actuaciones que repercuten peyorativamente en el bien común, sean
estas tanto de dominio exclusivamente privado como las que se efectúan en el
ámbito, y con el erario, de lo público.
En ese sentido, el término anglosajón “accountability” viene
a expresar, entre otras cosas, la responsabilidad en la que incurren aquellos
que tienen poder sobre las vidas de las personas. Se trata, en definitiva, de
rendir cuentas por las decisiones y acciones de la gestión pública. Existe
amplia bibliografía tanto internacional como nacional acerca de este asunto. Al
mismo tiempo, en la literatura médica se ha asociado el principio de accountability al
de primun non nocere.
Tal como hemos expresado en publicaciones previas, el principio de primun non nocere -no hacer mal, no hacer daño- está vinculado al de No maleficencia. De los cuatro principios de obligado cumplimiento que establece la moderna bioética es éste,la No maleficencia, el único del
que se pueden derivar responsabilidades judiciales.
Tal como hemos expresado en publicaciones previas, el principio de primun non nocere -no hacer mal, no hacer daño- está vinculado al de No maleficencia. De los cuatro principios de obligado cumplimiento que establece la moderna bioética es éste,
Pues bien, la
Asamblea de Madrid ha aprobado un cambio del modelo de salud
público, en el que está previsto privatizar una parte sustancial del mismo, con
el propósito de mejorar su eficiencia y, al mismo tiempo, disminuir el coste
sanitario. Y lo han hecho sin que los responsables de tal decisión hayan
aportado datos convincentes de que con ello mejoren las prestaciones sanitarias
al conjunto de la sociedad y de que se consiga un ahorro económico con tal
medida. Incluso aún más arbitrario, preguntado el Consejero de Sanidad en un
medio de difusión acerca de esa cuestión reconoció que no podía aportar pruebas
de que así fuese y que se vería una vez puesto en marcha el proyecto. Y lo han
aprobado, en medio de una contestación y repulsa de considerables dimensiones
de los usuarios sanitarios, así como de los organismos profesionales, científicos,
corporativos y de la sociedad en su conjunto. Y lo han hecho, mientras que
alguno de los diputados que han aprobado un cambio de tal envergadura y riesgo,
estaban enfrascados, con absoluta frivolidad, en juegos de ocio a través de sus
correspondientes ordenadores.
Sin embargo, existen datos contrastados en nuestro país de
que la gestión privada de la sanidad pública no sólo no es más barata que la
pública sino que ha sido necesario inyectar sumas considerables de dinero del
erario público, del contribuyente, para conseguir mantener, o aumentar, los
beneficios de los accionistas de las empresas privadas del sector.
De igual modo, existen datos contrastados de que la sanidad
pública española está situada desde hace años entre la tercera y séptima mejor
del mundo. Aún más, que es una de las más eficientes del planeta porque la
eficiencia productiva de un sistema es aquella en la que se obtiene el máximo
producto utilizando los mínimos recursos posibles; tal como ocurre en la
sanidad pública de España. Así mismo, existen datos contrastados de que al
disminuir el presupuesto sanitario empeora la calidad asistencial y aumenta la
mortalidad.
Ahora bien, cuando se habla de datos contrastados es preciso
hacer hincapié en que existen parámetros e indicadores sanitarios
internacionalmente aceptados que permiten evaluar la rentabilidad, eficiencia y
calidad de un sistema.
Estamos, pues, ante una situación comprometida porque si lo
anteriormente expuesto puede ser verificable sería obligado preguntarse por qué
cambiar algo que ha probado su eficiencia, calidad y equidad por un Plan de, al
menos, dudoso rigor conceptual, en el que se pretende privatizar una parte
considerable de la sanidad madrileña.
Una situación, además, en la que en el caso de que una vez
puesto en marcha el Plan de medidas aprobado por la Asamblea de Madrid los
citados indicadores sanitarios demostrasen un empeoramiento de los mismos,
incluido el índice de mortalidad, estaríamos ante una conculcación del
principio de No maleficencia y, por asociación, sería preciso exigir
responsabilidades y rendición de cuentas a aquellos que lo han implementado.
Y esa rendición de cuentas no debería sustanciarse con una
evanescente responsabilidad política, sino que debería explorarse la
responsabilidad judicial. El Código Penal sanciona las conductas de aquellas
autoridades que, con ánimo de lucro personal o ajeno, y con grave perjuicio
para la causa pública, dieran una aplicación privada a bienes pertenecientes a
cualquier administración, máxime si faltan a la verdad en la narración de los
hechos que motivan su decisión (delitos de malversación y falsificación de
documentos públicos).
Circunstancias, en su conjunto, nada deseables porque, ante
todo, deben prevalecer la cordura y el objetivo del bien común. Hemos ya señalado
en otras publicaciones, que es preciso evolucionar desde una ética que persigue
los medios, ética estratégica, a una ética de los fines, ética de la
responsabilidad. Y la responsabilidad obliga a establecer un consenso sobre la
sanidad a través de una deliberación entre los representantes de los
trabajadores sanitarios, las fuerzas políticas, los sindicatos, las sociedades
científicas y en la que no puede faltar la propia ciudadanía; los entes
sociales. Una negociación ponderada que pueda permitir la sostenibilidad de un
modelo que ha demostrado con creces su bondad, equidad y eficacia.
Lorenzo Fernández Fau, Ex Jefe de Servicio de Cirugía
Torácica del Hospital Universitario de la Princesa.
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