Corrupción y servicios públicos (4)

3          Privatización

La privatización, en todas sus formas, proporciona grandes incentivos y oportunidades para la corrupción y la captura del Estado.

• La venta de las empresas públicas es una oportunidad para obtener grandes beneficios en una sola operación, por ello los inversores tienen un incentivo para pagar sobornos e incrementar sus oportunidades de adquirirlas, y por un precio menor.
• Una concesión a largo plazo de una empresa de agua, o un acuerdo de compra de una empresa eléctrica, o un partenariado público-privado, son también una gran oportunidad para conseguir un flujo de ingresos con respaldo en el Estado por un periodo de 25 ó 30 años, lo que genera claros incentivos al pago de sobornos.
• En todas las formas de externalización, ya sea recogida de residuos, construcción, limpieza de edificios, o servicios médicos, los contratistas pueden pagar sobornos o formar cárteles, o las dos cosas al mismo tiempo, para hacer negocios rentables.

Sobornos o donaciones políticas forman la moneda con la que se obtienen estos beneficios, como (hablando de los EEUU) señala el premio Nobel Paul Krugman: “Cuantas más funciones gubernamentales se privatizan, más se convierten los Estados en paraísos del “pay-to-play” (pagar para operar), en los cuales los pagos y los contratos para amigos y parientes se convierten en un “quid pro quo” para conseguir negocios con los gobiernos…un nexo corrupto de corrupción y patronazgo está minando a lo público en todo nuestro país”.

El autor de un libro de reciente aparición en los EEUU defiende que la liberalización está jugando un papel similar en Europa, donde las políticas de la UE de extensión del mercado interno han creado más oportunidades e incentivos: “Lo que ha hecho la UE ha sido autorizar la corrupción por medio de sus políticas de incremento de la competencia económica dentro del mercado único, incluyendo la introducción de la competencia en el sector de los servicios públicos”.

Los vínculos entre privatización y corrupción existen en un amplio campo de diferentes servicios públicos, en varios países.

3.1         En el Gobierno Central

La privatización por externalización se ha extendido en el nivel central de gobierno en el conjunto de los países, agravando el problema de la corrupción. La dimensión de muchos contratos licitados por el gobierno central, especialmente en el ámbito de la defensa y de las infraestructuras, genera importante incentivos a las empresas para llevar a cabo actuaciones corruptas de cara a conseguir los contratos.

La empresa SGS ha sido contratada por el Banco Mundial y otras entidades para materializar la privatización de los aranceles aduaneros y otras funciones del gobierno central, a pesar de que esta compañía ha estado implicada en sucesos de corrupción de alto nivel. En 1996 se supo que SGS había pagado sobornos para conseguir un contrato de Inspección de servicios en Pakistán. Benazir Bhutto y su marido fueron condenados por recibir sobornos y tuvieron que huir del país. Ninguna acción fue adoptada contra SGS. En 2012, el Tribunal Supremo de Pakistán inició actuaciones para procesar a SGS pero por el momento no hay procedimiento judicial en marcha. La empresa fue incluso panelista de una conferencia anti-corrupción de Transparencia Internacional en 2010, con el título de Business principles for countering bribery: An effective tool for the private sector?’ (algo así como principios empresariales para combatir la corrupción: una herramienta efectiva para el sector privado? ).

Existe una corrupción muy extendida asociada con los contratistas de los EEUU en Irak relacionada con los contraltos de seguridad financiados por el gobierno federal norteamericano. El Senador Leathy propuso una nueva Ley el 4 de Enero de 2007 para combatir los beneficios derivados del conflicto bélico y la corrupción pública, citando las montañas de pruebas de fraude en los contratos y abusos en Irak……Al menos diez empresas con billones de dólares en contratos en los Estados Unidos para la reconstrucción de Iraq han pagado más de 300 millones de dólares en sanciones para resolver denuncias de incumplimiento legal, fraude, entrega de material defectuoso y daños medioambientales. Otras siete compañías concesionarias de contratos en Iraq han acordado el pago de sanciones económicas. La escala de pérdidas en los EEUU de esta tendencia a la corrupción es significativa. Casi 9 millones de los ingresos petroleros de Iraq no pueden ser justificados. El efectivo monetario se introduce en el país por los EEUU en fajos empaquetados para ser después distribuido sin ninguna contabilización formal.

El gobierno británico ha propuesto incluso la externalización de los servicios de gestión de compras en el Ministerio de Defensa, de forma que una empresa privada manejaría toda la licitación del equipamiento y armamento militar. Esto llevaría consigo obviamente mayores oportunidades e incentivos para la corrupción. En enero de 2012 cuatro empleados de una compañía privada proveedora de servicios para la gestión de compras fueron condenados por fraude porque habían vendido información confidencial a empresas que concurrían a concursos públicos. Una de las empresa multinacionales que se anuncia a si misma como gestora de servicios de compras es KBR – una empresa que ha debido pagar $579 millones para liquidar un procesamiento en los EEUU por corrupción. Los contratistas más importantes, como Babcock, ven este tipo de externalización como una oportunidad para sortear los procedimientos normales de concurrencia competitiva de la contratación pública y convertirse de este modo en ‘partners’ de larga duración del gobierno. Como declara Geoff Allum, analista en Arden Partners, “un procedimiento radicalmente distinto en el Ministerio de Defensa le dará a Babcock una oportunidad única en la vida. Hay una total probabilidad de que el Ministerio se desplace de un sistema de gestión propia a la externalización, acompañada de la preferencia por una relación más estrecha, a modo de partenariado, con el sector privado. Nadie está mejor posicionado que Babcock. Esto podría significar un cambio radical”.

Informe " Corrupción y servicios públicos". 

Autor David Hall. 

PSIRU. Public Services International Research Unit.