Desde que se tuvo
constancia de que este fin de semana se procedería por Mas de la firma de la
ley de Consultas catalana y el decreto de convocatoria del decreto del
referéndum consultivo del nueve de noviembre, pues ya tenía la convicción que
estos días el asunto catalán iba a monopolizar a todos los rotativos, a los de
más allá del Ebro y los afamados periódicos madrileños, y vemos que todos
editorializan al respecto, en las que todos siguen a piñón fijo, y que quieres
que les diga, los grandes beneficiados son los respectivos gobiernos, para nada
se aventura que en breve entrara en el Congreso el proyecto de presupuestos del
Estado.
Destacamos, en primer
lugar, el editorial de La Vanguardia: "Democracia y respeto a la ley, esa
es la ecuación que debe aplicarse en este momento difícil. Hay una
realidad política y social en Catalunya que no puede ser ignorada. Una realidad
que se ha expresado en las urnas, que se ha manifestado en la calle y que es
seguida con mucha atención por los principales medios de comunicación
internacionales. Y, a la vez, debe respetarse la Constitución"; reclamando
a Rajoy que "El Gobierno de España tiene la obligación de escuchar a la
sociedad catalana. No es una posibilidad. Es su obligación, en un momento
político extremadamente delicado y con unas perspectivas de recuperación
económica favorables que podrían verse negativamente afectadas por una mala
gestión del problema. En una España en la que se producen situaciones
delirantes, como la rebaja de impuestos en comunidades perpetuamente
beneficiarias de la solidaridad interna, el Gobierno no puede ser una figura
enjuta escudada en la Constitución. Debe escuchar, atender,
comprender y ensanchar el margen de la política".
Para El Punt Avui,
"el enemigo es muy fuerte y muy intransigente" y será "muy
difícil" llegar a las urnas. "Un enemigo que no hay que
menospreciar”, mientras Ara abre portada diciendo "Convocados" y la
firma agigantada de Artur Mas --rúbrica más propia de Goliat que de David--,
lamenta en su editorial que Rajoy busque frenar el proceso a través del
Tribunal Constitucional y que haya renunciado a buscar una solución política.
Desde la prensa
madrileña se ve, como siempre, de manera distinta, así El País "Mas deja
el destino de Catalunya en manos de la movilización callejera", ABC
sentencia que ha llegado a "la hora de la ley" y que el Consejo de
Estado emitirá un dictamen desfavorable a la consulta en Catalunya ante la
"rebelión" de Mas. La Razón lo tiene muy claro qué sucederá o
así al menos lo asegura en su primera: Mas y Junqueras "no romperán
España". El diario que dirige el catalán Francisco Marhuenda
afirma en su editorial que lo del sábado fue "un golpe a la
democracia" y señala que el TC suspenderá "de forma inminente"
la consulta.
Por su parte El Mundo,
en cuanto el TC tumbe la ley de consultas catalana, "la pelota estará en
el tejado de Mas". "Si la Generalitat --agrega-- acata la
decisión del Tribunal, el Gobierno hará bien en sentarse a dialogar. Es
evidente que, al margen de la ley de consultas, existe un problema con
Catalunya al que hay que dar respuesta. "Pero si Mas opta por la algarada
o insiste en hacer un simulacro de votación, no habrá nada que negociar: lo
primero es cumplir la ley y solo después llega el momento de la política, nunca
al revés. Cualquier demócrata, y Artur Mas presume de serlo, debe
saber que no hay nada más antidemocrático que incumpla las leyes quien ha de
velar por ellas".
Y sin miedo a emitir mi
opinión jurídica sobre la tan manida consulta, creo que es momento de decir una
opinión, que descansa en mi experiencia jurídica, y creo que existen aristas
suficientes, para mantenerse al margen de tanto desvarío, vamos a ello
estimados lectores.
El decreto de
convocatoria de la consulta no solo fija la fecha, las preguntas pactadas y la
organización de la convocatoria. Mucho más importante que ello es la base legal
con la que intenta superar el examen que hará el Tribunal Constitucional a
instancias del Gobierno del PP.
Lo que plantea el
decreto es que la consulta es el primer paso hacia una propuesta de reforma de
la Constitución. Una eventual modificación que los partidos favorables al 9-N y
al Sí-Sí saben perfectamente que es casi imposible que tenga recorrido
político, dada la correlación de fuerzas actual en el Congreso.
Indicar el camino de la
reforma de la Carta Magna es políticamente inviable, pero jurídicamente
necesario. ¿Por
qué? Porque el Estatut da competencias a la Generalitat para
convocar consultas consultivas, es decir no vinculantes, esto es lo cierto, las
consultas deber ser sobre cuestiones en el ámbito de sus competencias, y
plantear la independencia excede de esas competencias.
En cambio, sondear la
opinión de los catalanes «sobre el futuro político de Catalunya entiendo que es
otra cosa bien distinta, sobre todo cuando el preámbulo nos recuerda que la
finalidad seria que la Generalitat o el Parlamento catalán pueda ejercer la
iniciativa de pedir la reforma constitucional, tal como se recoge en nuestro
texto constitucional y el estatuto catalán, para ello cita el artículo 166 que
remite al 87, en el cual se establece que son las Asambleas de las Comunidades
las capacitadas para presentarla.
El camino legal que
tenga la consulta es previsible: suspensión automática por parte del
Constitucional a petición del Gobierno, tanto el decreto de convocatoria como
la propia ley de consultas, pero sería importante que el Tribunal
Constitucional no vaciara de contenido las llamadas consultas no vinculantes,
creo que esa podía ser la vía de reconocimiento jurídico de la consulta, pero temo
muy mucho que hará una aplicación restrictiva de que al ser una cuestión que
rebasa su ámbito de competencias, pues lo declare nulo, veremos que ocurre,
pero es preciso decir que existen argumentos jurídicos para que algún día se
convoque una consulta para conocer si es preciso la reforma constitucional,
pero sé que ando bien solo en esta opinión.
Antonio Ruiz de Pablo
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