A propósito de Caja Madrid: ¿miramos al dedo o la luna?, por Andrés Hidalgo, Javier Cobo, Andrés de Andrés

A propósito de Caja Madrid: ¿miramos al dedo o la luna?

Cuando pensábamos que lo más importante que teníamos por delante en relación a Caja Madrid/Bankia era la forma y manera en la que recuperar los 22.424 millones de euros aportados por el estado en ayudas directas (otros 24.167 millones en avales) a dicha entidad para evitar su quiebra y en consecuencia, como conseguir dicho objetivo, aparece el escándalo mediático del uso de las tarjetas opacas por parte de los antiguos miembros de su Consejo de Administración.

Pese a dicha circunstancia nosotros pensamos que recuperar las ayudas públicas aportadas, para que las mismas no sean soportadas por toda la ciudadanía, continúa siendo el primer objetivo, y para ello es imprescindible que el Estado mantenga su participación en la propiedad de Bankia.

Incluso más allá de la devolución de las ayudas, Bankia debería -junto con otras instituciones financieras nacionalizadas- conformar un polo de banca pública que venga a cubrir parte del vacío dejado con la desaparición de las Cajas de Ahorros, esto es, asegurar la inclusión financiera para los que tienen menos recursos y no resultan de interés comercial para los bancos, redistribuir los beneficios atendiendo a las necesidades sociales y garantizar la financiación y el crédito a empresas y particulares que hoy carecen del mismo.

Pero por desgracia las cosas hoy no están en esta lógica, el pasado mes de febrero arrancó la privatización de Bankia con la venta de un 7,5% del capital de la entidad lo que deja al Estado con una participación en el entorno del 61% y todo apunta en la dirección de completar la privatización el próximo año o en los primeros meses de 2016, con lo que las posibilidades de devolver la totalidad de las ayudas se desvanecen.

En tan poco espacio de tiempo no será posible generar los beneficios suficientes y por otra parte para que resulte atractiva la privatización, el destino de parte importante de los futuros beneficios tendrá que ir a la retribución del capital, esto es, al pago de dividendos para favorecer el aumento de la cotización de sus acciones. No sería descabellando decir que las pérdidas finales de la privatización podrían estar entre un 35 y un 40% dada la alta morosidad y la poca calidad de sus activos no bancarios.

En nuestra opinión este es el principal conflicto que hoy tiene el conjunto de la sociedad con Bankia, impedir su privatización  con carácter general y en ningún caso sin antes recuperar el dinero aportado por el Estado, se trata de mirar sobre todo al futuro para no tener un nuevo quebranto en los intereses de la mayoría.

Y no es que nos neguemos a mirar al pasado, a la nefasta gestión de la Caja de Madrid por parte de quien tenía la mayoría en el Consejo de Administración, la gobernaba con arreglo a sus criterios e intereses y la gestionaba día a día, esto es, el Partido Popular y sus distintas facciones en muchos casos enfrentadas y quienes pudieron acompañarles en algunas decisiones trascendentales.

Es evidente que fueron decisiones equivocadas primero en Caja Madrid y después en Bankia las que condujeron a la entidad prácticamente a la quiebra y al posterior rescate con dinero público y que entre dichas decisiones resaltan por su trascendencia negativa, el que Caja Madrid -que era en 1996 una entidad saneada- acompañase a partir de entonces la burbuja inmobiliaria creada por la ley del suelo del gobierno de Aznar, cambiase el modelo de negocio bajo la presidencia de Blesa (fue en 1996 cuando el PP se hizo con la mayoría de la Caja) y se dedicó a una muy alta concentración del riesgo promotor en la cartera de crédito, con financiaciones al 100 % e incluso la creación de empresas conjuntas con los promotores, que resultó dramática cuando a partir de agosto de 2007 se cerró la liquidez de los mercados internacionales, se acumularon los impagos y no era posible ya refinanciar la deuda,  la propia aprobación de la fusión (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja), la salida a bolsa, la compra City National Bank of Florida por 867 millones y vendido por 685 millones de euros, la comercialización de las preferentes, los créditos a Martinsa-Fadesa por importe de 1.082 millones y los créditos a DíazFerrán.

Estas son las responsabilidades que habría que exigir a quienes dirigían la Caja y a quienes con su voto en el Consejo de Administración acompañaron dichos acuerdos cuando algunos de ellos se pusieron a votación. Porque estas erróneas decisiones fueron junto con otras referidas a la gestión cotidiana de la actividad financiera las que llevaron a la entidad a la ruina.

Y llegamos al asunto de las tarjetas que ha despertado una gran atención estos días y se ha cobrado la dimisión de un número importante de representantes de partidos, sindicatos y otras instituciones del estado.

Sorprende el gran impacto mediático y la loable voluntad de Hacienda de fiscalizar los 15,5 millones de euros (gastados en diez años), esto es, el 0,069% del dinero aportado para el rescate y quede relegado como algo menor la recuperación del restante 99,93% del problema.

Es claro que Caja Madrid primero y Bankia después infringieron la ley si no contabilizaron, fiscalizaron e imputaron correctamente los pagos realizados con las tarjetas, lo que ha dado lugar a que el juez Andreu haya imputado a los ex presidentes de Bankia y Caja Madrid y al número dos de Blesa, Ildefonso Sánchez-Barcoj, por la posible existencia de un delito societario y de apropiación indebida.

Podríamos estar también ante una infracción fiscal por parte de los consejeros que no incluyeren en su declaración de la renta los importes de los gastos realizados, los inspectores de Hacienda lo determinaran y establecerán las responsabilidades correspondientes.

Sobre las responsabilidades de carácter ético, ya se ha hablado muchos en estos días y para nosotros no es el objeto de esta reflexión que tiene un carácter político y económico.

Las investigaciones judiciales y fiscales determinaran las responsabilidades de la entidad y los consejeros, los partidos y los sindicatos han tomado decisiones de orden interno que esperemos permitirán aclaran lo sucedido. Pero pocos han hablado de lo verdaderamente importante, en nuestra opinión, el asunto de las tarjetas no puede tapar ni justificar la no devolución del dinero público que se aportó para el rescate.

Parecería que alguien está interesado en encontrar los motivos para no tener de devolver dichos fondos haciendo responsable de tal imposibilidad a los anteriores miembros del consejo y a la pesada herencia recibida.

Quizás por ello sería importante reflexionar sobre todo lo ocurrido no fuera a ser que estuviéramos mirando al dedo y no a la luna.

Andrés Hidalgo

Javier Cobo

Andrés de Andrés

(Sindicalistas y afiliados a Izquierda Unida)