2.
Privatización y captura del Estado.
La ‘gran corrupción’ de las élites políticas y de los negocios
supone una significativa amenaza para la democracia y el desarrollo sostenible.
Implica el pago de sobornos para conseguir contratos e influencia política. Son
tres factores clave los que la distinguen de la ‘pequeña corrupción’:
- Implica la existencia tanto de redes
sistemáticas como de sobornos individuales.
- La privatización, incluyendo la
externalización, forma parte nuclear de las relaciones política-negocios.
- Las compañías multinacionales, con sede en los
países ricos supuestamente “limpios”, juegan un enorme y extenso papel en
el proceso de la corrupción.
2.1.
Privatización y captura del Estado
El concepto ‘captura del
Estado’ fue introducido por dos investigadores del Banco Mundial para describir
la situación existente en algunos de los países de la antigua órbita soviética
en Europa del Este. Encontraron que las empresas estaban adoptando
deliberadamente estrategias en red para influir en políticos y funcionarios con
vistas a promover cambios legislativos en su propio beneficio, consiguiéndolo
en parte a través de sobornos.
Un ejemplo de esta clase de redes fue desarrollado
en Italia en la década de los 90. Políticos de varios partidos, por un lado, y
grupos de empresas, por otro, se pusieron de acuerdo en permitir a las empresas
repartirse los contratos públicos entre ellas y decidir los precios. Las
empresas acordaron poner suficiente dinero para dejar satisfechos a los
políticos y que el dinero se repartiera entre todos los partidos implicados. Se
utilizaron intermediarios para el lavado del dinero y mantener los pagos en la
oscuridad. En el sistema era en su totalidad un modo de ganar y compartir
dinero y poder, a costa de la democracia, de la transparencia, y de la
rendición de cuentas.
 |
| Gráfico A.- Redes de intercambios corruptos Fuente: Della Porta Vanucci (1999), p.22 |
Hay
pruebas de sistemas similares en otros países. En Irlanda, una investigación
encontró que Charles Haughey, primer ministro entre 1979 y 1992, había
“devaluado la calidad de una democracia moderna” aceptando cerca de 11 millones
de euros en efectivo de potentados hombres de negocios durante un periodo de 17
años, ocultándolo en una red de cuentas ubicadas en paraísos fiscales. Este
tipo de redes existen igualmente en gran número de países en desarrollo,
incluyendo Nigeria, donde los gobiernos han desarrollado relaciones corruptas
tanto con empresarios locales –favorecidos por los procesos de privatización-
como multinacionales, tales como las empresas petroleras y eléctricas.
La
interacción entre políticos y empresarios es ahora vista como igualmente
corrupta en muchos más países.
Casi tres cuartos de los
europeos piensan que la corrupción es un problema fundamental en su país y en
las instituciones de la propia Unión europea. Se tiene una clara visión de dónde
está teniendo lugar la corrupción: un 47% piensa que los actores más corruptos
de todo el sistema son aquellos agraciados por la contratación pública. Las
explicación más frecuentemente citada de la corrupción es que “hay demasiados
vínculos estrechos entre los negocios y la política”.
En la India , de acuerdo con un
informe de 2011 de KPMG, incluso los propios empresarios locales coinciden en considerar
que el principal problema nacional no es la pequeña corrupción (‘bakshish’)
sino más bien:
- “Fraudes que suenan con miles de crores (un
crore=10 millones de rupias) subrayan el nexo política/industria………..una
malla de empresas e intermediarios”, basada en la disposición del sector
privado a pagar sobornos.
- Más de dos tercios de gente de negocios admite
que la corrupción en
- Los sectores identificados como más corruptos
fueron aquellos donde los contratos del Estado o las privatizaciones están
en juego – construcción, seguida de las telecomunicaciones, con los
servicios públicos en tercer lugar, justo por delante de los sectores
financieros y de la defensa- .
Estas redes utilizan los
pagos ilegales, sobornos, pero también construyen ‘redes de influencia’
mediante pagos legales –donaciones a los partidos, o empleo de lobbistas para
convencer a los políticos de la adopción de de ciertas posiciones políticas.
Para las empresas es una estrategia de negocio muy beneficiosa: “implica
esfuerzos de parte de los intereses privados para comprar el acceso y la
influencia de dentro de los procesos políticos institucionales, a menudo a través
de personalidades políticas que actúan como intermediarios”. En los países
desarrollados las firmas que gastan dinero en lobbys consiguen mayores
beneficios que aquellas que simplemente pagan sobornos. En los Estados Unidos,
las empresas con conexiones políticas consiguen más contratos después de una
elección en la que respaldan al ganador. En Estados Unidos y Reino Unido, los
bancos han gastado decenas de millones en lobbys para evitar regulaciones más
estrictas.
Estas formas legales de
comprar influencia operan del mismo modo que los ilegales ‘intercambios
corruptos’ como los sobornos: “conceptualmente, la corrupción legal puede estar
bastante próxima a su contraparte ilegal…”. La Convención de Naciones
Unidas contra la corrupción incluye el “tráfico de influencias” como conducta
inadecuada, pero por el momento muchos Estados –incluyendo Suiza y Holanda- han
descartado su tipificación como delito.
Del mismo modo, la captura
del Estado no es únicamente una cuestión de índole penal – mucho de lo que sucede
se acomoda para hacerlo legal. Es un problema político, a través del cual las
estructuras de decisión pública son apropiadas privadamente para servir a los
intereses mercantiles. Los contratos del Estado u otros activos son el centro
de tales procesos, y la privatización es parte central del sistema.
Informe " Corrupción y servicios públicos".
Autor David Hall.
PSIRU. Public Services International Research Unit.
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