sábado, 16 de febrero de 2013

Corrupción y servicios públicos (2)


  1. ‘Pequeña corrupción’: sobornos por servicios.

Un tipo de corrupción consiste en la expectativa de obtener una cantidad de dinero a cambio de prestar el servicio a que se está obligado por razón del empleo público que se desempeña. El empleado público hace uso de su posición para conseguir un ingreso extra, a costa de los ciudadanos o del propio servicio. Ejemplos típicos de esto son los pagos de dinero para adelantar la obtención de la prestación sobre el orden establecido, o el pago a los agentes de aduanas para la introducción de bienes de contrabando sin el abono de los areanceles.

Esto es descrito a veces como ‘pequeña corrupción’, en contraposición con la ‘gran corrupción’ del fraude a gran escala de políticos y empresarios. La pequeña corrupción daña muy seriamente a los servicios públicos. Los ciudadanos son engañados. Quiebra el principio de justicia e igualdad de trato. Debilita la integridad de los servidores públicos. Aquellos que más necesitan los servicios públicos se encuentran en la necesidad de pagar como si el servicio fuera de prestación y beneficio privado. Lo que debería ser un servicio público se convierte en una simple transacción comercial. También desanima a los ciudadanos a enfrentarse a la ‘gran corrupción’. En consecuencia, debe ser erradicada.

El retrato mejor conocido de la corrupción es el ranking editado por Transparency International que clasifica a los países “de acuerdo con sus niveles de percepción de la corrupción en el sector público”. Los países en desarrollo son los que persistentemente aparecen como aquellos con los niveles más altos de corrupción, en tanto que los de la OCDE serían los menos corruptos. El problema de la corrupción se presenta del mismo modo como una cuestión específica del tercer mundo, y en concreto de los empleados públicos corruptos. A menudo bastante incorrectamente se atribuye a la cultura de estos países ser mucho más tolerantes con la corrupción que las culturas de los países de la OCDE.

El ranking –y el análisis- de Transparency International son sin embargo insatisfactorios. Este índice no se basa en experiencias reales o casos documentados de corrupción, sino en las percepciones de las personas que participan en los informes. Los participantes en los informes se componen casi por completo de ejecutivos de empresa, consultores, o ‘expertos’ inespecíficos, muchos de los cuales son extranjeros, y empresarios, algunos de los cuales podrían incluso haber pagado sobornos ellos mismos o formar parte de redes corruptas. La percepción de los ejecutivos de negocios globales no parece el indicador de más confianza acerca de la cultura de la gente de la calle.

De hecho, los informes sobre la percepción social de la gente en muchos países muestran que, en cualquiera de ellos, muy pocos creen que la corrupción sea aceptable. Mayorías arrasadoras en Europa del Este, y en torno al 90% de los africanos piensan que es inaceptable. Por el contrario, hay una clara evidencia de la existencia de una cultura de la corrupción entre los ejecutivos de los países ricos. Un informe de 2012 encontró que el 24% de los ejecutivos del sector financiero en los Estados Unidos y en el Reino Unido creían que debían implicarse en actividades ilegales o poco éticas para tener éxito en sus carreras. La evidencia no demuestra la visión de que habría unas culturas diferentes y más tolerantes hacia la corrupción en los países en desarrollo.

La gran mayoría de la gente consultada en los países en desarrollo piensan que la corrupción es un gran problema para sus países. En muchos de ellos la gente no tiene experiencias positivas con las autoridades cuando se trata de que estas aseguren su necesidades básicas y las de sus familias. En estos países la gente se ve a menudo forzada a dar y recibir asistencia de parientes, amigos, o miembros de sus comunidades. Sin un buen gobierno, sin unos servicios públicos que funcionen y sean transparentes, que garanticen la igualdad de acceso de todos los ciudadanos, dar regalos o dinero es a menudo la única vía en que la gente puede conseguir asistencia sanitaria, licencias de construcción, tutela judicial, y así sucesivamente.

Hay una evidencia sólida de que el factor más importante que afecta a la extensión de la ‘pequeña corrupción’ es el pago a los trabajadores que deben prestar el servicio. Cuando el salario de los empleados públicos es tan bajo que ni siquiera es suficiente para el sostenimiento vital, o donde este es significativamente más bajo que el de otros empleos con cualificación equivalente, entonces la corrupción se convierte en el medio para obtener ingresos suplementarios. Estudios en países tan diversos como Madagascar o Ucrania muestran que la baja retribución de los funcionarios públicos está directamente ligada a la pequeña corrupción. En un gran número de países asiáticos las personas que leen los contadores de consumo de agua piden dinero cuando sus salarios están por debajo de los niveles de subsistencia, pero no después de que estos hayan subido sustancialmente. Esto es algo que es conocido desde siempre: los funcionarios de aduanas británicos en el s. XVIII aceptaban sobornos porque ganaban poquísimo.

Este factor material básico es clave para reducir los incentivos a la corrupción. Un sistema disciplinario efectivo y sanciones penales aportan más elementos de disuasión. Construir y mantener la confianza en unos servicios públicos eficaces y democráticamente controlados depende también de otras decisiones políticas, especialmente de abordar al tiempo el problema de la ‘gran corrupción’. Cuando lo que existe es una total falta de confianza en el Estado mismo, la gente puede recalar más fácilmente en el recurso al amiguismo, las relaciones familiares o en la aceptación como natural de la ‘pequeña corrupción’.

Informe " Corrupción y servicios públicos". 
Autor David Hall. 
PSIRU. Public Services International Research Unit.


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