Corrupción y servicios públicos (1)

Iniciamos con este “post” una serie de entregas que componen un texto completo correspondiente al interesante informe sobre la corrupción (muy de actualidad en nuestro país a la vista de los últimos acontecimientos) redactado en Noviembre de 2012 para la PSIRU, unidad de investigación sobre privatizaciones dependiente de la Internacional sindical de servicios públicos, por David Hall, consultor con una amplísima y dilatada trayectoria de trabajo en esta materia al servicio del sindicalismo internacional. Esperamos que sea de vuestro interés y anime a una reflexión más profunda sobre un problema de tan extraordinaria magnitud.

Introducción y sumario.

La corrupción es mucho más que una cuestión moral. Hace más débiles los servicios públicos y la democracia. Cuando los ciudadanos deben hacer frente a sobornos para acceder a la sanidad pública o a unos servicios de seguridad pública no arbitrarios, o los contratos públicos se conceden a quienes pagan comisiones por ellos, se está amenazando a toda la sociedad en su conjunto. La corrupción despilfarra el dinero público poniéndolo en manos de servidores públicos, empresarios, o intermediarios, corruptos. Pervierte las decisiones en las políticas públicas, que van a orientarse a satisfacer los intereses de la élite rica y poderosa frente al interés general. Sustrae la riqueza de los países y la resitúa en los paraísos fiscales para beneficio de intereses particulares.

Una parte de la problemática asociada a la corrupción se refiere a la extensión en la que individualmente los empleados públicos exigen comisiones de los ciudadanos para suministrar los servicios que legalmente están obligados a prestar. Es esta un área que cualquier acción contra la corrupción debe abordar a fin de su erradicación mediante la puesta en práctica de políticas, incluidas las salariales, que minimicen las tentaciones de corrupción y maximicen los incentivos a las conductas éticas. 

Los problemas más profundos están en cualquier caso ligados fundamentalmente a las redes corruptas de altos funcionarios, políticos y empresarios de los propios países y también extranjeros. Los contratos del Estado y las privatizaciones están en el corazón de la actuación de estas redes. Las políticas que favorecen la privatización también crean las condiciones que hacen más viable y fácil la corrupción.

La corrupción es a menudo tratada como si fuera un problema sólo de los países menos desarrollados. Se les acusa de tener la culpa ellos mismos de la corrupción por tener culturas “pobres” que toleran la corrupción. Sin embargo, esto es totalmente contrario a la evidencia empírica que muestra que una arrasadora mayoría de la gente en todos los países, incluidos los más pobres, es fuertemente contraria a todo tipo de prácticas corruptas.

Los donantes y las instituciones internacionales como el Banco Mundial gustan de retratarse a si mismas como apoyos de iniciativas “anti-corrupción”. En la práctica son sus políticas de impulso de las privatizaciones las que proporcionan mayores incentivos y oportunidades a la corrupción. Más aún, los países donantes y el Banco Mundial han desalentado activamente a los países en desarrollo para perseguir judicialmente a las compañías multinacionales implicadas en casos de corrupción.

Interfaces of corruption

Terminar con  la corrupción requiere una base pública y política que exija a los líderes políticos que representen los intereses públicos, no los de las multinacionales ricas y poderosas, y que sometan a estas compañias a la responsabilidad y rendición de cuentas públicas. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas son elementos clave para ello, mediante el fortalecimiento institucional y de los sistemas independientes de control, así como una organización judicial preparada para procesar, sancionar y erradicar empresas y servidores públicos corruptos.

Informe " Corrupción y servicios públicos". 

Autor David Hall. 

PSIRU. Public Services International Research Unit.