Crisis, Ajustes Presupuestarios y el Modelo Local Español (III).

Crisis, Ajustes Presupuestarios y el Modelo Local Español (III).

Las corporaciones locales, al borde del precipicio

La crisis económica que arrancó en 2007 como crisis financiera y bancaria estalla en España en el verano de 2008. En nuestro caso, la crisis da lugar de manera inmediata al desplome de la actividad inmobiliaria provocando en los municipios españoles una disminución media del 63% de los ingresos provenientes del sector inmobiliario y, en consecuencia, un incremento de la deuda y del déficit. Estos enormes volúmenes de déficit y deuda dan lugar una situación de insolvencia a la que la FEMP pone cifras: en 2011 más del 40% de los municipios españoles declaran su incapacidad para hacer frente a sus gastos. Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, el 80% de los municipios madrileños tenían déficit estructural  en el año 2009.

La financiación local en la actualidad

La financiación local es, en estos momentos de crisis, es un tema de trascendencia fundamental debido, sobre todo, a sus consecuencias sobre el empleo y los servicios que reciben los ciudadanos. A pesar de ello, ha sido históricamente aplazada su consideración como elemento estratégico de la financiación del conjunto de las administraciones públicas.

La Constitución española consagra (titulo VIII capítulo II) la autonomía de las corporaciones locales y garantiza su suficiencia financiera para el desempeño de sus funciones. Pero en 34 años, la Administración local ha sido la gran olvidada dentro de las administraciones del Estado español. Según la distribución del gasto público del año 2010, el Estado y la Seguridad Social asumían el 51%, las comunidades autónomas el 36% y los municipios solo el 13%, muy lejos de la media de la zona euro, que alcanza el 24,8%. Llama la atención que en un Estado tan centralista como el francés, se alcanza un gasto del 22%. Otros, como Suecia o Finlandia, superan el 42%.

A la insuficiencia financiera histórica de los municipios debemos de sumar unos gastos que han crecido a un ritmo importante para dar respuesta a las nuevas demandas ciudadanas, en algunos casos asumiendo competencias o funciones no obligatorias o impropias. Esta asunción de funciones fue impulsada en los años noventa por la presión ciudadana en una coyuntura económica favorable derivada de los ingresos extraordinarios dependientes del sector inmobiliario.

Ante la falta de una financiación adecuada, los municipios españoles buscaron alternativas y la encontraron en el boom inmobiliario iniciado en la segunda mitad de los años noventa y que alcanzó su momento álgido entre los años 2001 y 2007.

Para los municipios el sector inmobiliario supuso una fuente de ingresos que parecía inagotable. La venta de terrenos municipales, dispararon los ingresos municipales, esto permitió a los municipios disparar la inversión en infraestructuras, crear servicios e incrementar la contratación de personal. Además, como los principales tributos locales –Impuesto sobre Plusvalías, IBI, ICIO o Tasas y Licencias Urbanísticas –, se aplican sobre la vivienda, la recaudación se disparó a niveles inimaginables haciendo olvidar a los gestores municipales que eran ingresos coyunturales y por tanto,  en algún momento verían su fin. Llegado el momento y, aunque es cierto que muchos alcaldes y concejales no habían conocido otro modelo de financiación, el principal reto de los alcaldes es el de pagar las nóminas.

En la Comunidad de Madrid la venta de terrenos creció el 61% entre los años 2001-2008. Si acercamos la lupa a los municipios con poblaciones superiores a los 50.000 habitantes, observamos que la venta de terrenos aumentó un 169%.

Ante tal opulencia recaudatoria, las corporaciones locales se lanzaron a hacer todo tipo de obras (algunas útiles, otras absurdas) y a incrementar las plantillas municipales para ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos. Algunos alcaldes, incluso, han ido más allá y no solo no se han dado cuenta de que dejarían de recaudar esos ingresos, sino que han pensado que se incrementarían con el tiempo y no han dudado en continuar promoviendo políticas expansivas recurriendo a un  endeudamiento que ya se había adelantado a la crisis. Otros municipios entraron en competición con localidades vecinas en la construcción de grandes infraestructuras cuyo coste estaba muy por encima de sus posibilidades. Vaciadas sus arcas, lo primero que hacen las corporaciones locales es dejar de pagar a los proveedores, posteriormente los servicios de abastecimiento como la electricidad, el teléfono y, a continuación, la Seguridad Social. Para el final y, ante la imposibilidad de pagar las nóminas, se reservan la medida más impopular: los despidos. De una u otra manera, al final son los ciudadanos quienes dejan de recibir los servicios.

La deuda de las corporaciones locales madrileñas se dividen en deuda bancaria y deuda comercial o con proveedores, la primera les permitió en los últimos años recurrir al crédito de las entidades financieras para poder seguir financiándose y compensar la pérdida de ingresos corrientes y de esta manera garantizar el pago y la gestión de los servicios municipales; y la segunda es la contraída con las  empresas proveedoras de servicios, como son  la limpieza viaria, recogida de basuras, la jardinería, la limpieza de edificios públicos o la ayuda a domicilio. Esta deuda tiene un volumen menor, pero sus consecuencias son más graves, dado que las empresas prestatarias en muchos casos son pequeñas o medianas, que carecen de los suficientes recursos financieros para soportar durante mucho tiempo la morosidad de las corporaciones locales. Como consecuencia de esta morosidad, miles de empresas han cerrado o han tenido que despedir trabajadores.

Plan de Pago a Proveedores

El Gobierno del Estado, en el mes de febrero,  promulgo dos Reales Decreto Ley donde  establecía  un plan de pago a proveedores, que simplificando mucho   lo que hacía era convertir  deuda comercial de las corporaciones locales  en deuda bancaria, para de esta forma poder atender las obligaciones por deudas vencidas con proveedores y contratistas. Para ello, obligaba  ha suscribir préstamos con entidades bancarias, a un tipo de interés cercano al 6%.

Cada municipio que se sumara a la operación de préstamo debería  de presentar un Plan de Ajuste, que garantice en un periodo de 10 años su devolución con 2 años de carencia. Posteriormente este Plan de Ajuste debe ser aprobado de manera favorable por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Plan de Ajuste debe de recoger medidas tanto por la parte de los gastos como por la parte de los ingresos, y como consecuencia de la modificación del artículo 135.3  de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, todas las Administraciones Públicas tendrán como prioridad de gasto el pago de la deuda y control de déficit.

Esto lleva a las corporaciones locales a priorizar el pago de la deuda y los intereses sobre cualquier otro gasto, ya sean nóminas de sus trabajadores o servicios prestados a la ciudadanía, por tanto podemos afirmar que nos encontramos ante una intervención de las corporaciones locales por parte del Estado.

Aquellas corporaciones locales, que por su volumen de deuda con proveedores, hayan visto rechazado o no hayan presentado Plan de Ajuste por parte del Ministerio, a partir de septiembre de 2012, verán reducida las aportaciones del Estado, entre un 25% y 50% hasta que hayan satisfechos sus deudas.

En la mayoría de los casos el gran “bocado” se producirá  en el gasto de personal a través de rebaja de salarios, eliminar la acción social, gratificaciones, horas extraordinarias, no reposición de efectivos, etc. Además de la eliminación o mayor externalización de servicios públicos, que hasta ahora han venido prestando las corporaciones locales, pese que legalmente no tenían competencias ni financiación para su realización.

Manuel Llorente Palomares