La
reacción del Gobierno Regional ha sido la presentación de un Plan Regional de
empleo que en su conjunto consiste en, un plan piloto para que las oficinas de
empleo públicas capten de puestos vacantes en las empresas de la
zona, dar cabida en la intermediación laboral a las agencias privadas de
colocación, ayudas directas a las empresas, entre 500 y 1.500 euros, para la contratación en prácticas de jóvenes o a tiempo parcial
para mayores de 45 años, sufragar la seguridad social de los trabajadores
contratados en empresas de menos de 50 empleados, y por último los conocidos
como “trabajos de colaboración” con los ayuntamientos.
Para
sufragar todas estas medidas, el Gobierno Regional utilizará los fondos
procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal, es decir lo que destinan
trabajadores y empresas para la
formación continúa y formación para el empleo,
hecho que ya ha sido denunciado por CCOO de Madrid en los
tribunales, dado que según establece la
normativa jurídica vigente la aportación de trabajadores y empresarios se deben
destinar a financiar el sistema de formación continúa y formación para el empleo.
La
consecuencia ha sido la práctica desaparición de la Formación Continúa
y la Formación
para el Desempleo en la
Comunidad de Madrid. En el caso de la formación continúa se
ha pasado de un presupuesto de 103,3 millones de euros en 2011/12 a 17 millones
de euros en 2013, mientras que en la formación para el empleo se han pasado de
89,5 millones de euros en 2011/2 a 29,5 millones de euros en 2013, sólo
beneficiando a 15.000 trabajadores parados
sobre un total de casi 700.000 parados, totalmente insuficiente.
La
medida estrella el Plan Regional de Empleo de captar, por parte de las oficinas
de empleo públicas, las vacantes de las
empresas de la zona, ha quedado en la discriminación de los parados más
precarios. Las pocas ofertas que llegan a las oficinas de empleo, siguiendo
instrucciones del Gobierno Regional, se ofrecen primero a los parados que están
cobrando algún tipo de prestación, tienen entre 20 y 45 años y al menos una
formación académica de Bachillerato. Todo lo contrario a lo que recogía el Plan
de Empleo Regional, que especificaba priorizar aquellos colectivos con mayores
dificultades de acceso al mercado laboral, parados sin prestación alguna, de
larga duración y mayores de 45 años. Además de alejarse de los objetivos
señalados por el Ministerio de Empleo de
priorizar en las políticas de empleo a los jóvenes, mujeres y parados de larga
duración.
Es
evidente que el único objetivo del Gobierno Regional es reducir el coste
económico del desempleo, reduciendo las prestaciones, y abandonar a su
suerte a los colectivos más
desfavorecidos.
La
otra gran medida del Gobierno Regional en materia de lucha contra el desempleo
ha sido los conocidos como “trabajos de colaboración”, con los ayuntamientos
madrileños. Para sufragar este programa el Gobierno Regional destinara 15 millones
de euros, el plan va dirigido para trabajadores parados perceptores de
prestaciones o subsidios, el programa consiste en realizar trabajos temporales (no más de 6 meses)
priorizando los servicios u obras vinculadas a las actividades económicas como
la cultura y el turismo, en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, por
los cuales recibirán una remuneración complementaria a su prestación o subsidio
Esto
significa que trabajadores en paro podrán sustituir como mano de obra barata a
trabajadores municipales, en ayuntamientos que hayan aplicado Expedientes de Regulación de Empleo o
despidos individuales. Además este tipo de relación laboral entre el parado y
el ayuntamiento no generará relación contractual alguna, no generando, por
tanto, derechos posteriores para el
parado, aunque estos ingresos complementarios si contaran para la declaración
de IRPF futura. De nuevo, al igual en la anterior medida, el Gobierno Regional
abandona a los parados sin recurso alguno.
Como
reflexión apuntar que otras Comunidades Autónomas como Andalucía o Castilla y
León desarrollan este tipo de programas
de colaboración entre parados y
ayuntamientos pero a diferencia de la Comunidad de Madrid, están destinadas a los
colectivos más vulnerables, como son parados sin ningún tipo de prestación
o mayores de 45 años, además de
imposibilitar su participación a los ayuntamientos que hayan reducido personal
a través de despidos individuales o colectivos.
No
debemos de olvidar, que a su vez, en el año 2012 se recortaron las políticas
activas de empleo en la modificación presupuestaria de junio de 2012 en 128
millones de euros.
Otro
ejemplo más de abandono de los desempleados por parte del gobierno
regional, lo tenemos en el anuncio
realizado por la Consejería
de Empleo en agosto de 2012 sobre la puesta en marcha en enero de 2013 de 1.750
cursos de idiomas (inglés, alemán y chino) para 26.000 desempleados, con un
presupuesto de 9 millones de euros. A día de hoy los cursos no han comenzado y
según fuentes de la
Consejería sólo se realizaran 160 cursos.
Es
evidente que el Plan Regional de Empleo no representa solución alguna al
problema del desempleo en la
Comunidad de Madrid, sino muy al contrario ahonda aún más la
situación de precariedad y pobreza que están viviendo los parados madrileños.
Manuel Llorente Palomares
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